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    viernes, 6 de julio de 2018

    ¿Defensa Deudores o Deudores sin Defensa? El cuestionado historial del estudio de abogados

    Tan sólo un 16% de las causas logró ganar Defensa Deudores, estudio de abogados que promete salvar de la morosidad a sus desesperados clientes, según una muestra analizada por BioBioChile. Eso, sin embargo, es apenas una parte del historial de casos, que estarían reñidos con el Código de Ética del Colegio de Abogados, en los que se han visto involucrados la entidad y su fundador, el reconocido jurista Ricardo Ibáñez.

    BioBioChile constató que Defensa Deudores perdió 73% de los casos analizados en cortes de las regiones de Valparaíso, del Bío Bío y Metropolitana. Por ello, hay clientes que han mostrado su descontento ante promesas incumplidas de una firma que muchas veces les habría asegurado -para vender los servicios- que solucionaría sus problemas.

    Sin embargo, las quejas adquieren gravedad al conocerse una querella por falsificación de instrumento privado que involucra al mismo Ricardo Ibáñez y el serio cuestionamiento -que plantea dudas éticas- por la compra en un remate, a través de una sociedad suya, de la casa que uno de sus clientes perdió tras un juicio desfavorable.

    El estudio e Ibáñez podrían incluso ser sancionados por los tribunales civiles si se basan en el Código de Ética del Colegio de Abogados, el cual ya ha sido validado para estos procedimientos por la Corte Suprema.

    “Justicia al alcance de todos”

    Ricardo Ibáñez, fundador del Grupo Defensa y figura pública de televisión, contó en una entrevista a Las Últimas Noticias la situación familiar que lo habría inspirado: “En 1999 yo era estudiante de Derecho ymi padre se quedó sin trabajo, no pudo seguir pagando sus compromisos y nos embargaron todo. Así que desde mi último año de carrera decidí dedicarme a defender a personas que estuvieran en esa misma condición”.

    A fines de la década de los ’90 nace el Grupo Defensa, creado por Ibáñez junto a Mario Espinosa Valderrama, según un texto que ellos mismos elaboraron para demandar a Deudas.cl por la utilización de términos relacionados a Defensa Deudores en el sistema de búsquedas de Google.

    El estudio arranca en Viña del Mar, en la sede de calle Arlegui 440, y desde 2014 suma oficinas en Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, más dos en Santiago, donde actualmente tienen su principal centro de operaciones.

    Pero, ¿cómo lograron crecer tanto? En el mismo documento antes mencionado explican el método de negocios que han empleado desde sus inicios: “El modelo (…) apunta a la masividad, esto es, a la representación en juicio de un gran número de clientes con el fin de proveer a la población de un amplio acceso a la justicia. Así se desprende del eslogan con el cual publicitan sus servicios: “Justicia al alcance de todos”“.

    Aseguran que fueron pioneros en instalar un modelo que habrían copiado otros estudios enfocados en deudas. Sergio Di Giovanni, un excliente de un estudio de este tipo y quien inició un blog para orientar a otras personas sobre estos servicios, conoce el mercado en que Defensa Deudores fue pionero.

    “Conocí muchos estudios en su momento porque estaba ‘con el agua hasta el cuello’. Por ese programa llegué primero a Defensa Deudores. Y mientras más (firmas) visitabas, más incongruencias encontrabas en lo que te decía A, B, C y etcétera. Algunos estudios de este tipo: Defensa Deudores, Deudas.cl, EstoyEnQuiebra.cl, SinDeudas.cl, AdiosDeudas.cl. Puros abogados que te decían que ellos eran la salvación de todo y sin ellos tú no podías hacer nada“, manifiesta Di Giovanni.

    Es precisamente esta forma de trabajar la que está siendo cuestionada por abogados y clientes.

    Defensa Deudores

    Las promesas incumplidas

    En 2016 Juana Godoy enfrentaba una difícil situación. En febrero del año siguiente le embargarían su casa por un crédito hipotecario. Pese a que había intentado repactar la deuda para que su hija comprara la casa, el banco cambió finalmente el precio acordado en un principio. Por ello acudieron a Defensa Deudores.

    “Esto tiene que haber sido entre noviembre y enero, porque en febrero supuestamente era el remate. Entonces fuimos con el abogado, con mi hija, para ver qué podíamos hacer, porque en realidad nosotros no teníamos idea”, cuenta Godoy.

    De acuerdo a ella la ejecutiva que la atendió la tranquilizó, que no se preocupara, ellos evitarían el remate. Después no supo mucho más del estudio, pese a que iba a preguntar todas las semanas, desde Quilicura al centro de Santiago, no le informaban en qué iba el proceso.

    “A mí siempre me decían: ‘No, vamos bien, vamos bien’. Para lo único que ellos me llamaban era porque estaba vencida la cuota, que eran como 60 mil, 80 mil pesos mensuales”, asevera Godoy.

    Recién el 7 de febrero Defensa Deudores, a través de Mario Espinosa Valderrama, promovió un incidente de nulidad de lo obrado en la causa contra Godoy.

    El 14 de febrero la casa fue rematada. Recién un mes después Juana Godoy fue informada de esto por un funcionario del nuevo dueño que fue a ver el inmueble.

    BioBioChile elaboró una muestra de 30 juicios ejecutivos, con una sentencia o que están terminados en las regiones de Valparaíso, del Bío Bío y Metropolitana, en los que Ricardo Ibáñez participó como representante del deudor.

    Ibáñez perdió en 22 de los 30 y sólo en cinco se puede considerar que ganó la causa al lograr que la deuda se terminara. Además, en los tres casos restantes su representado pagó antes de una sentencia.

    Por otro lado se analizaron siete juicios en que había un crédito hipotecario involucrado, en los que Ibáñez también participó como defensor. En sólo uno Ibáñez habría logrado ganar, mientras que en tres la propiedad terminó rematada y en otros tres el deudor finalmente tuvo que pagar.

    Las posibilidades de que un deudor logre ganar un juicio ejecutivo son limitadas, según Verónica Nova Díaz, abogada de Concepción que ha representado a bancos contra Defensa Deudores: “Estos juicios ejecutivos de cobranza sólo admiten determinadas acciones. Primero, hay plazos para interponer las excepciones, y son un número determinado que está establecido en el código. O sea, no hay mucho que ellos puedan decir”.

    Pero no es sólo eso. Sergio Véliz, que ha litigado por el banco BBVA en la región de Valparaíso, describe situaciones en que los abogados de Defensa Deudores han sido negligentes, por lo que la defensa se hace más ineficiente. “Repiten antecedentes que no corresponden, citan bancos errados, demandantes errados, direcciones que no corresponden. Por supuesto que eso es más ineficiente”.

    Debido al modelo de negocios, que implica una gran cantidad de clientes, las quejas apuntan a que los abogados de Defensa Deudores trabajan con escritos tipo, es decir, presentar los mismos textos, sin mayor análisis caso a caso, a los que no se le cambia nada más que algunos detalles como nombres y fechas y que son básicamente los mismos para los miles de casos que ven.

    Esto es a lo que apunta Sergio Véliz cuando menciona que a veces se equivocan incluso en los nombres, porque se les olvida modificarlos en el documento tipo.

    Rita Pérez fue jefa de sucursal de Defensa Deudores en Arica y desde su perspectiva el mayor problema son las promesas que se le hacen a los clientes. “En Santiago la jefa de ventas le dice a la gente que no le van a ir a embargar. Y eso es falso”, asegura ella.

    “Los abogados que venden están bajo mucha presión de don Ricardo Ibáñez”, relata Pérez. “Ellos se preocupan mucho de que tú vendas y a veces es tanto el nivel de presión que te ves obligado a rendirte al sistema de ellos y no le explicas bien al cliente lo que va a pasar y efectivamente vendes una promesa que a veces no se va a poder cumplir”.

    La abogada explica que uno de los problemas es que en Santiago hay abogadas de ventas y otros que llevan los juicios.

    “En regiones es mucho más consciente, porque el abogado que te vende el servicio también es el que atiende, tú después tienes que lidiar con esa persona”, cuenta.

    Rita Pérez actualmente está en medio de un juicio laboral contra Defensa Deudores, pues los acusa -entre otras cosas- de hostigamiento y de despido injustificado. Ella cree que la razón fundamental para que la echaran fue que los clientes que contrataban servicios con ella eran los que de verdad había posibilidades de ayudar.

    “Ellos fijan una meta de ventas. Ya no se habla de clientes, no es un servicio el que prestan, es casi como si fuera un seguro. Entonces, en el fondo, cuando no vendes lo que quieren que vendas no les sirves”, asegura.

    Falsificación

    Hay acusaciones más graves. En 2017, se presentó una querella criminal contra Ricardo Ibáñez y William Gallegos Cerda, abogado del Grupo Defensa en Valparaíso, por falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso.

    Manuel Marín había contratado los servicios del estudio en la oficina de Viña del Mar en julio del año anterior, con el objetivo de interponer una demanda laboral contra su empleador. El chofer estaba presentando licencias médicas ante una mala relación laboral que lo había conducido a un cuadro de estrés.

    A pesar de que se acercó hasta las oficinas a preguntar por el juicio, nunca fue informado.

    “Unos meses más tarde, en enero del año 2017, luego de tres licencias médicas rechazadas, mi empleadora me comunicó que la presentación de las mismas no era procedente pues la relación laboral había terminado”, se explica en la querella contra los abogados.

    Se había presentado a nombre de Marín una carta de autodespido para interponer una demanda de tutela en el juicio laboral que llevaban Ibáñez y Gallegos.

    El problema es que el conductor nunca conoció esa carta, según su propio testimonio, por lo que menos habría podido firmarla.

    Más grave aún, a Marín nunca se le habría avisado que debía ratificar el texto de la demanda, presentado el 16 de diciembre, y que debía ir al tribunal a firmar.

    Extrañamente, pese a no ser notificada, la empresa para la que trabajaba Marín solicitó el 28 de diciembre que se tuviera la demanda por no presentada, pues no tenía la rúbrica del demandante, lo que fue concedido.

    Así, Manuel Marín, para todos los efectos jurídicos, se había autodespedido y no tenía derecho a indemnización alguna.

    “La típica de abogado chanta es presentar una tutela para tratar de subir a base de arreglo”, explica Eduardo Machuca, quien representó a Marín posteriormente.

    “Un abogado laboralista serio reserva esa acción cuando existe vulneración de derechos fundamentales. Él habla en la demanda de que una secretaria no le respondió el teléfono, que la secretaria le hacía malos tratos. Pero la secretaria no tiene ninguna dirección sobre la empresa que pueda sentirse menoscabado”, agrega Machuca.

    Mediante la representación del estudio de Machuca, Marín interpuso la querella por falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso. Con esa acción buscaban lograr alguna indemnización en caso de que no pudieran proseguir finalmente con la acción laboral y por tanto obtener un pago de la empresa.

    Finalmente, Machuca logró llegar a un acuerdo con la empresa de transportes. En tanto, el Ministerio Público decidió no proseguir con la investigación penal y tampoco los abogados particulares han insistido al obtener resultados positivos en la causa laboral.

    La causa no está terminada y podría reabrirse la indagatoria. Según Machuca, con un peritaje caligráfico, que hasta el momento no se habría realizado, se podría probar la falsificación de la firma de Marín.

    Los recursos

    Defensa Deudores ofrece varios servicios, pero el principal son los juicios ejecutivos por cobranza. Estas son causas civiles, tramitadas y falladas en papel, sin audiencias presenciales.

    De acuerdo a Rita Pérez el método de trabajo en estas instancias consiste predominantemente en alargar las causas mediante diversos métodos.

    “Igual depende del abogado y hay veces que es muy viable lo que se hace. Que no es sólo dilatar el juicio, sino que muchas veces, como hay seguros comprometidos de parte de los bancos, los bancos no perseveran”, asevera Pérez.

    Algo así fue lo que le pasó a Viviana Guerrero. Ella había contratado los servicios de Defensa Deudores por la publicidad. La ejecutiva eso sí, en su caso, le prometió que quedaría sin deudas. 500 mil pesos en cuotas tuvo que pagar Guerrero para que el estudio asumiera su representación.

    Sin embargo, el Banco BCI nunca prosiguió con el embargo y en Defensa Deudores no hicieron nada al respecto. Por ello los denunció ante el Sernac.

    “No hicieron nada, pero por tanto pelear mis 500 mil pesos me los regresaron”, cuenta Guerrero, quien además asevera que todavía está en Dicom.

    Si el demandante prosigue con la causa, el deudor o ejecutado puede interponer diversos recursos para dilatar: puede oponer excepciones, que es contestar la demanda, refiriéndose a excepciones que contempla el código, como que parte de la deuda está pagada o que esta está prescrita; puede interponer un recurso de nulidad de lo obrado, que busca declarar inválidos los actos en la causa; y, en caso de que el demandante no haya presentado recursos en una cierta cantidad de tiempo, se puede pedir que se declare el abandono del procedimiento.

    En el caso de Juana Godoy promovieron un abandono del procedimiento. “A nosotros nos pidieron llevar testigos falsos, eso fue en marzo (…) Supuestamente era para que dijeran que yo no vivía ahí”, explica ella. De esa forma, al decir que no residía en la vivienda, el estudio habría buscado probar que Godoy no había sido debidamente notificada para que se declarara la nulidad.

    Otro caso es el de Carol Gutiérrez, clienta de Defensa Deudores, quien necesitaba en 2016 que le ayudaran a promover un incidente de abandono del procedimiento. Su marido había estado en juicio ejecutivo por el que se había decretado un embargo sobre su casa, pero ya habían pasado años.

    Ella había visto a Ricardo Ibáñez en la TV y no cotizó para hacer el trámite. En Defensa Deudores le habrían dicho que era fácil y que el levantamiento del embargo estaría realizado en diciembre, a lo mucho. Le cobraron un millón y medio de pesos por asumir la representación.

    Sin embargo ella se separó, y cuando este año quiso vender la casa el abogado que estaba revisando la documentación en el divorcio le informó que todavía tenía orden de embargo.

    Molesta, se acercó a la sucursal de Defensa Deudores, donde se excusaron diciendo que faltaban papeles que ella no había pagado: “Yo le dije a la jefa que me atendió que si ellos hubiesen pedido los papeles yo se los hubiese llevado todos, pero ellos nunca llamaron”.

    Hasta el momento no ha tenido solución, pese a que en mayo le manifestaron que estaría todo listo en 10 días.

    La tercería de posesión

    El acusado, en general, tiene una probabilidad muy alta de perder, pues el pagaré con la deuda es un título ejecutivo que obliga al juez a decretar el embargo salvo que concurra una de las causas antes mencionadas, las que en contadas ocasiones se dan.

    Existe otro método, el que según Rita Pérez da más resultados: “Lo que evita el Grupo Defensa es que te retiren las cosas, no el embargo, que es la anotación de los bienes. Eso se hace con una tercería”.

    La tercería de posesión implica que un tercero, una persona de confianza del deudor, lo demande y también al acreedor, pues alega que las pertenencias embargadas son de su posesión.

    De esta forma los bienes muebles no son retirados cuando el tercerista logra probar que los objetos están en un inmueble que es de su propiedad y por lo tanto no pertenecen del deudor. Pero el método presenta problemas pues de todos modos el deudor queda en Dicom y su historial queda manchado.

    Si un sólo abogado representara al deudor y, al mismo tiempo, representara al tercerista sería suspendido de sus funciones, pues el Código Civil sanciona como prevaricación el demandar a una persona a la que se está representando en una misma causa.

    Este problema legal Defensa Deudores se lo salta utilizando abogados diferentes. Así, un abogado del estudio defiende a una persona por su deuda, mientras otro abogado representa quien lo demanda por la posesión de sus bienes en la tercería.

    Sin embargo, no siempre han tenido esa precaución. En 2017 fue sancionado el abogado Fernando Miranda, jefe de sucursal del Grupo Defensa en Temuco, quien cometió el error de representar él mismo a un deudor y al tercerista.

    Miranda fue condenado con un año de suspensión del ejercicio de la profesión en septiembre pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, además de una multa de dos UTM.

    El imperio inmobiliario

    32 índices de registros de propiedad involucran a Ricardo Ibáñez, a Patricia Díaz Navarrete —su esposa— o a alguna de sus sociedades en el Conservador de Bienes Raíces de Villa Alemana desde 2002.

    En tres ocasiones Ibáñez o una de sus sociedades se adjudicó propiedades en remate porque un deudor la perdió en un juicio.

    No sólo eso, en una ocasión Ibáñez se adjudicó la propiedad de una deudora que él había representado.

    En medio de un juicio de divorcio, Marisol Sapir se quedó finalmente con la casa del matrimonio tras un acuerdo con su exconyuge. Él había contraído un crédito hipotecario con el BBVA, el cuál no había pagado, por lo que al transferir la propiedad también la obligación de pagar pasó a ella.

    Ante esta situación contrató los servicios de Defensa Deudores. Así, Marisol Sapir interpuso un incidente de nulidad de lo obrado el 21 de octubre de 2013, representada por Ricardo Ibáñez.

    Defensa Deudores intentó otra estrategia además. William Gallegos representó a una persona, probablemente de confianza, que demandó por el pago de un pagaré a Marisol Sapir el 16 de septiembre de 2013.

    Rita Pérez cree que lo más probable es que hayan intentado obtener algo de dinero. “Pueden recuperar a través del acreedor, que sería un persona de confianza que tiene derecho en la repartición una vez rematada la propiedad por la existencia del pagaré”, cuenta.

    En este caso la causa llevada por Gallegos se detuvo, por lo que no llegó a la conclusión antes descrita, mientras que el recurso de nulidad de lo obrado fue rechazado por el tribunal.

    Así, en el remate fue el mismo Ricardo Ibáñez el que adquirió la propiedad en 26 millones 900 mil pesos, a través de su sociedad Santa Patricia Limitada, como consta en la inscripción del Conservador de Bienes de Villa Alemana del 11 de marzo de 2015.

    En la escritura que consta en la causa en el sistema del Poder Judicial además aparece compareciendo Patricia Díaz, en representación de Santa Patricia Limitada.

    Sergio Véliz, abogado del BBVA en el juicio contra Marisol Sapir asegura que desconocía de esta situación cuando fue contactado por BioBioChile. “Es el mismo estudio jurídico que representa al deudor y al adjudicatario. Eso es antiético, a lo menos”, manifiesta Véliz.

    La publicidad

    “Para alcanzar la masividad propia de su modelo de negocios, Grupo Defensa ha invertido elevadas sumas de dinero en publicidad, capacitación de personal y expansión de su nombre y prestigio”, se lee en la demanda de Grupo Defensa a Deudas.cl.

    Existe otro procedimiento más directo para captar clientes. Defensa Deudores, al igual que otros estudios, envía una carta a aquellos que han sido demandados, y que por tanto se encuentran en el sistema del Poder Judicial, para que contraten sus servicios. El domicilio para enviar la carta lo sacan directamente de la demanda del acreedor.

    Además Defensa Deudores cuenta con su página web y con la propia reputación de Ricardo Ibáñez quien se ha hecho conocido a través de su participación en programas de televisión y radio, entre ellos Con el agua al cuello de Chilevisión, en que intentaba ayudar a personas endeudadas.

    En su página web Ibáñez expone su currículum: “Abogado, gerente general de Grupo Defensa. Comenzó sus estudios en 1995, en la escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad Europea de Madrid (IEDE). En el 2014 realiza el primer Diplomado en la Nueva Ley de Quiebra impartido por Universidad Católica”.

    Ricardo Ibáñez efectivamente estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, una de las más prestigiosas del país en Derecho, aunque según el Poder Judicial no egresó de ahí, sino que en 2013 desde la Universidad de Ciencias de la Informática (Ucinf), institución que no está acreditada desde ese año. De hecho, Ibáñez fundó en 1999 su estudio y trabajó representando a deudores sin tener el título de abogado hasta 2013.

    Reacciones

    BioBioChile se contactó con el Colegio de Abogados para conocer su opinión respecto a la forma de operar de Defensa Deudores y de Ricardo Ibáñez.

    Su presidente, Arturo Alessandri aseveró que prometer resultados –que es lo que clientes y una exempleada dicen que Defensa Deudores hace– es una falta al Código de Ética. “Va directamente contra la esencia de nuestro Código de Ética, eso es una mala práctica”, explica Alessandri.

    Por otro lado también está reñido con el texto evitar una prevaricación, como hace Defensa Deudores, usando dos abogados.

    “El código se modificó, entre otras cosas ahora la responsabilidad es de todo el estudio, entonces ya no hay la triquiñuela que había antes que no, que no fui yo, que fue el otro”, cuenta.

    En el caso de Marisol Sapir, tampoco se debería comprar una propiedad rematada a un cliente, de acuerdo a una norma citada por Alessandri. “Está prohibido al abogado tomar interés pecuniario en el asunto que está conociendo. O sea, tomar un interés comercial en un asunto que compete al cliente”.

    Ricardo Ibáñez no está colegiado, pero según cuenta Alessandri la Corte Suprema ha fallado en dos ocasiones aplicando sanciones basada en las faltas que aparecen en el Código de Ética de Colegio de Abogados.

    “Si alguien quiere llevar a este señor a los tribunales por un reproche ético el tribunal civil que va a conocer esto en un juicio sumario va a tener que aplicar el Código de Ética de nuestro colegio, porque eso es lo que dice la Corte Suprema y eso es lo que aplican todos los jueces”, asevera Alessandri.

    Las sanciones que pueden aplicar los tribunales van desde amonestaciones escritas hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por meses.

    Las respuestas de Ricardo Ibáñez

    Ricardo Ibáñez, en tanto, defendió el actuar del estudio en entrevista con BioBioChile.

    Constatamos que en cerca del 16% de los casos con sentencia han logrado ganar, a través de métodos como el abandono del procedimiento. ¿No le parece un porcentaje demasiado bajo?

    —En absoluto porque el abandono del procedimiento es una forma de término del juicio, existiendo múltiples otras formas de término del juicio. Para entender o el éxito o no éxito hay que ver si hay remate de bienes del deudor.

    Pero con ese método el deudor queda con problemas financieros, muchas veces en los registros de Dicom.

    —Eso no es tan así porque hoy existe la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento que permite que a través de un procedimiento de liquidación voluntaria excluirse de ese sistema.

    Usted mismo ha dicho que un 87% de los clientes suyos que han optado por ese procedimiento han sido posteriormente discriminados por el sistema financiero.

    —Si tú quieres someterte a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y pedir un crédito hipotecario mañana, claramente no es la opción. Pero si en el fondo tu problemática es que estás agobiado por las deudas y que no tienes dinero para pagarlas sí lo es.

    ¿Qué le pareció que Fernando Miranda, empleado suyo, haya sido condenado por prevaricación al representar tanto al deudor como al tercerista?

    —Nos pareció que fue una desinteligencia y por otra parte un error procesal más que un delito propiamente tal.

    ¿Usted sabe que los tribunales civiles lo pueden sancionar, basados en el Código de Ética del Colegio de Abogados, incluso cuando se utiliza un abogado para presentar la tercería y otro para oponer excepciones?

    —Lo desconozco, no hemos tenido ningún requerimiento de esa naturaleza.

    ¿No le parece poco ético?

    —En absoluto, lo permite la ley.

    ¿No cree que se extralimitan en sus técnicas para defender a sus clientes?

    —No, siento que es más poco ético embargar bienes de un deudor que no le pertenecen, siento que es más poco ético dar créditos a un estudiante universitario y terminar embargando los bienes de sus padres.

    Hemos conocido casos como el de Juana Godoy, a quien se le prometió que se le iba a salvar su casa del remate y no se cumplió. ¿No se extralimitan en las promesas?

    —Entendemos que trabajamos con un núcleo de personas crítico, que muchas veces sus pretensiones no pueden ser satisfechas, pero ocupamos herramientas que la ley establece que la gente muchas veces desconoce.

    ¿Pero no le parece cuestionable que a una persona se le prometa que se le va a salvar la casa?

    —Eso es imposible que se prometa a ciencia cierta, porque es una obligación de la ley que no se pueden prometer resultados.

    ¿Entonces usted está diciendo que en el caso de Juana Godoy y los otros que hemos conocido las personas están mintiendo?

    —Si esa persona la hubiese atendido yo, le podría decir a ciencia cierta que le está mintiendo, porque es imposible que le pueda asegurar algo que no depende de mí.

    Usted conoce a las ejecutivas de ventas, ¿ha sabido de casos en que le mientan a los clientes?

    —No ocuparía esa expresión, me parece extremadamente falso.

    En cuanto a su sitio web, usted dice que comenzó sus estudios en la Universidad Católica de Valparaíso.

    —Comencé mis estudios en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso.

    ¿Por qué no publicó la universidad de la que salió?

    —No me parece pertinente, lo importante es tener el título de abogado.

    Sabemos también que adquirió la propiedad de Marisol Sapir, clienta suya, una vez que su casa se fue a remate. ¿Tiene algo que decir al respecto?

    —Se conversó con la clienta, de hecho aún vive ahí. Los derechos permanecen a nombre de su marido.

    ¿Sabe que es sancionable por el Código de Ética?

    —Sí, sí lo sé.

    ¿No le parece poco ético?

    —Fue un error y se contactó a la persona con el objeto de transferirle los derechos de la propiedad.

    Respecto al caso de Manuel Marín, excliente suyo que presentó una querella por falsificación de instrumento privado, ¿tiene algo que decir?

    —De eso nunca se me notificó. ¿Cuándo fue?

    En 2017. Hay una querella contra usted y William Gallegos porque se habría presentado una firma falsa.

    —Ya, eso nunca se me ha notificado.

    Fuente: biobiochile.cl

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